Estudio jurídico penal, civil y de familia en Buenos Aires

¿Una denuncia falsa lo alejó de sus hijos?

Actuamos desde la primera hora: defensa penal, revisión de las medidas y el pedido de un régimen de comunicación para que pueda ver a sus hijos mientras se aclara la situación. Cada día que pasa cuenta.

¿No cobra la cuota porque “no tiene nada a su nombre”?

Investigamos dónde están los bienes y los ingresos reales, embargamos y, si hubo ocultamiento, denunciamos penalmente. Que figure insolvente no significa que no pueda pagar.

Una resolución desfavorable no es el final del caso.

Quienes dirigen el estudio se destacan en la etapa recursiva: detectan el error de la resolución, lo fundan y lo llevan a la instancia que corresponde. Recursos de apelación y memoriales de agravios, recursos de casación y de inconstitucionalidad, recurso de revisión de sentencias firmes, recurso extraordinario federal y queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, agotadas las vías internas, peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estudio Lupetti & Fiorito es un estudio jurídico de la Ciudad de Buenos Aires dirigido por la Dra. Andrea Paula Lupetti y la Dra. Florencia Ayelén Fiorito. Nos dedicamos al derecho penal y al derecho de familia, y en especial a los casos en que ambos se cruzan. Son casos que exigen una estrategia única, porque lo que se resuelve en un fuero incide en el otro. En nuestro estudio los lleva el mismo equipo profesional.

Actuamos como querellantes, en representación de víctimas, y en la defensa, ante la justicia nacional, la de la Ciudad, los tribunales de toda la Provincia de Buenos Aires y la justicia federal de todo el país. Representamos a quien denuncia un hecho real y a quien recibe una acusación falsa. Nuestra prioridad es obtener justicia para nuestros clientes, en todas las instancias: Cámaras de Apelaciones, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si es necesario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Conoce el sistema penal desde adentro: su amplia trayectoria en el sector público le da un conocimiento directo de cómo se actúa en las primeras horas de una causa, en la comisaría y ante el juzgado.

Atiende personalmente a cada persona y a su familia, explica con claridad en qué etapa está el proceso y qué se puede pedir, y sostiene cada planteo hasta su resolución.

Atención en comisaría: toma contacto con la persona detenida, controla que se respeten sus derechos, la asesora antes de declarar y avisa a la familia.

Pide la exención de prisión para que la persona siga el proceso en libertad, con las garantías que fije el juzgado.

Pide la excarcelación y, cuando no procede, propone alternativas a la prisión preventiva: arresto domiciliario, presentaciones periódicas o una caución.

Pide la libertad condicional, reúne los informes que exige el juzgado de ejecución y acompaña cada paso del trámite.

Las solicita y prepara un plan de egreso sólido: domicilio, trabajo o estudio y referentes familiares que la acompañen.

Hace valer el estímulo educativo (ley 24.660, art. 140), que reduce los plazos para avanzar en el régimen progresivo.

Pide la prisión domiciliaria en los supuestos que prevé la ley (ley 24.660, art. 32; Código Penal, art. 10).

Interpone hábeas corpus correctivo (ley 23.098, art. 3, inc. 2) para que se garanticen la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y el contacto con la familia.

La impugna a tiempo: de la conducta y del concepto dependen las salidas, la libertad condicional y los demás beneficios.

Revisa el cómputo y pide la unificación de penas cuando corresponde, para que no se cumpla un día más de lo debido.

Planifica la libertad asistida (ley 24.660, art. 54) y acompaña el regreso: reglas de conducta, trabajo, vivienda y vínculos familiares.

Le explica cómo funciona la ejecución de la pena, qué se puede pedir y cuándo, y la mantiene informada en cada etapa.

Alimentos, divorcio, división de bienes y sucesiones: bienes registrados a nombre de terceros, sociedades, comercios, marcas, vehículos e inmuebles. Reconstruye el patrimonio real de quien se declara insolvente.

Analiza quién paga, quién usa y quién administra cada bien, para demostrar a quién pertenece en realidad.

Relevamiento y preservación de publicaciones, viajes y signos de nivel de vida, con constancia apta para presentar en el expediente.

Reconstrucción de los hechos, búsqueda de testigos y de registros, y análisis de las contradicciones de la acusación.

Contexto, antecedentes y motivaciones de la denuncia: la prueba que permite demostrar que el relato no se sostiene.

Trabaja con peritos contables, informáticos, caligráficos y psicológicos para que cada conclusión tenga respaldo técnico.

Localización, por vía judicial, de deudores alimentarios, demandados o personas a las que hay que notificar, y acompañamiento a las familias en la búsqueda de personas.

La cuota se reclama y se ejecuta en el fuero civil. Si la persona obligada se sustrae al pago, u oculta sus bienes para eludirlo, puede configurarse además un delito: incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o insolvencia alimentaria fraudulenta (ley 13.944).

Cuando el patrimonio figura a nombre de familiares, terceros o sociedades, combinamos medidas cautelares, acciones de fraude y simulación y la investigación penal de la maniobra.

La denuncia abre medidas de protección y una causa penal. Acompañamos a la víctima en las dos, también cuando la violencia es económica (ley 26.485).

Impedir u obstruir el contacto de un hijo menor con el/la progenitor/a no conviviente es un delito (ley 24.270). Es también un problema de cuidado personal y de régimen de comunicación, que se resuelve en el fuero de familia.

Quien recibe una acusación sin pruebas durante un divorcio o una disputa por los hijos necesita una defensa que conozca los dos expedientes. Una acusación no es una condena.

Hace la investigación patrimonial: bienes registrados a nombre de familiares y allegados, sociedades, comercios y marcas.

Puede configurarse un delito: insolvencia alimentaria fraudulenta (ley 13.944, art. 2 bis). Formula la denuncia, impulsa la investigación y trabaja arduamente para lograr la condena.

Lleva el reclamo hasta el final: liquida la deuda, apunta a embargar los bienes de los/las deudores/as y ejecuta.

Pide medidas cautelares sobre esos bienes y promueve las acciones de fraude y simulación para que respondan por la deuda.

Prepara la defensa con la prueba de descargo y el análisis de las contradicciones de la acusación, y trabaja para lograr el sobreseimiento. Después, evalúa las acciones por falsa denuncia y por daños.

Interpone los recursos mientras la sentencia no está firme. Cuando ya lo está, promueve su revisión por hechos o pruebas nuevas o por falso testimonio.

Recurre ante las Cámaras de Apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Formula la denuncia penal, pide que se preserve la prueba digital y reclama al banco cuando corresponde.

Solicita medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, conforme al artículo 25 de su Reglamento.

Lo que enfrenta quien recibe una denuncia falsa

• Medidas dictadas sin audiencia previa: exclusión del hogar y prohibición de acercamiento.
• La separación de sus hijos mientras dura la causa.
• Una causa penal abierta, con citaciones y, a veces, riesgo de detención.
• El daño en el trabajo y ante su entorno.

Qué no hacer si recibió una denuncia

• No llame ni escriba a quien hizo la denuncia, tampoco a través de terceros.
• No declare sin asistencia letrada.
• No publique nada en redes.
• Guarde todo: mensajes, audios, comprobantes y datos de testigos.

Si una denuncia falsa lo alejó de sus hijos, consulte cuanto antes: cuanto más dura la separación, más difícil es la revinculación.

Las maniobras que más vemos

• Bienes y vehículos a nombre de la nueva pareja, de los padres o de los hermanos.
• Sociedades y comercios a nombre de terceros, que el deudor maneja como propios.
• Trabajo no registrado o monotributo muy por debajo de lo que realmente gana.
• Cobros en efectivo o en billeteras virtuales para no dejar rastro bancario.
• Renuncias o cambios de trabajo justo cuando se fija o se ejecuta la cuota.

Cómo encontramos los bienes

• Investigación patrimonial a cargo de nuestro departamento de investigación.
• Oficios a registros de la propiedad y del automotor, bancos, billeteras virtuales, ARCA (ex AFIP), ANSES e Inspección General de Justicia.
• Prueba del nivel de vida: redes sociales, viajes, vehículos que usa y lugar donde vive.
• Testigos que conocen la actividad real del deudor.

Las herramientas para cobrar

• Embargo de sueldos, cuentas bancarias y billeteras virtuales.
• Inhibición general de bienes y embargo de inmuebles y vehículos.
• Acciones de simulación y fraude para alcanzar los bienes puestos a nombre de terceros.
• Responsabilidad del empleador que no retiene la cuota (art. 551 del Código Civil y Comercial).
• Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y otras medidas razonables para asegurar el pago (art. 553 del Código Civil y Comercial).
• Reclamo a los abuelos cuando el progenitor no cumple (art. 668 del Código Civil y Comercial).
• Denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e insolvencia alimentaria fraudulenta (ley 13.944).

Procede cuando una autoridad limita o amenaza la libertad de una persona sin orden escrita de autoridad competente. También cuando se agravan ilegítimamente las condiciones de una detención. Puede presentarlo cualquier persona en favor de la persona afectada, del día (ley 23.098).

Si la condena no está firme, la recurrimos ante la Cámara, el Tribunal Superior o la Corte Suprema. Si ya está firme, puede revisarse en cualquier momento y solo a favor de la persona condenada.

Libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias y prisión domiciliaria. Es la especialidad de la Dra. Fiorito.

Cuando la obra social o la prepaga niega o demora un tratamiento, un medicamento, una cirugía o una prestación por discapacidad, pedimos una medida cautelar para que la cobertura se otorgue sin esperar el final del juicio.

Es la vía rápida contra un acto u omisión, de una autoridad o de un particular, que lesiona de modo manifiesto un derecho constitucional.

Agotados los recursos internos, llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El plazo es de seis meses desde la notificación de la decisión definitiva.

Ante una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para las personas, solicitamos medidas cautelares a la CIDH (art. 25 de su Reglamento). No exigen agotar antes los recursos internos.

Una condena firme no siempre es definitiva. La revisión de sentencia permite reabrir el caso en cualquier momento, y solo a favor de la persona condenada.

Estos son los motivos en la justicia federal y nacional. En la Ciudad y en la Provincia dependen del código local.

• Aparecen hechos o pruebas nuevas que muestran que el hecho no existió o que la persona condenada no lo cometió.
• La condena se apoyó en un documento o un testimonio falso.
• Otra sentencia penal fijó hechos incompatibles con la condena.
• La condena fue consecuencia de un delito, como el cohecho o el prevaricato.
• Una ley posterior es más favorable.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso.

Puede pedirla la persona condenada o su defensa. Si falleció, su cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes.

Es también la vía para quien recibió una condena basada en un testimonio falso. Estudiamos la causa completa y le decimos si hay motivo para pedirla.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El artículo 25 de su Reglamento la faculta a solicitar a un Estado que adopte medidas cautelares en situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas.

Pueden pedirse aunque no exista una petición en trámite ante la Comisión, y no exigen agotar antes los recursos internos. La CIDH valora si la situación de riesgo fue denunciada ante las autoridades del país y qué respuesta obtuvo. Puede solicitarlas la persona afectada o un tercero con su conformidad.

Preparamos la solicitud: el relato de los hechos, la prueba del riesgo y las medidas de protección que se piden.

Amicus curiae significa “amigo del tribunal”. Es la presentación de una persona o institución que no es parte del juicio y le acerca al tribunal una opinión fundada sobre lo que se discute, en una causa de interés público.

No reemplaza a la defensa ni obliga a los jueces, que pueden tenerla en cuenta al decidir. La Corte Suprema la admite en causas de trascendencia colectiva o interés general, a quien acredite reconocida competencia en el tema (Acordada 7/2013).

Asesoramos a personas, organizaciones y profesionales que quieren presentarse como amicus curiae, y preparamos la presentación en causas penales, de familia y de derechos humanos, ante los tribunales del país y el sistema interamericano.

Derecho penal

• Querellas: representación de víctimas desde la denuncia hasta el juicio oral y los recursos.
• Indagatoria: estudio de la causa, preparación y asistencia en la declaración.
• Juicio oral: defensa y querella en el debate, con prueba, testigos y alegatos.
• Excarcelación, exención de prisión y atención en comisaría. Entrevistas con personas detenidas en comisarías y unidades carcelarias.
• Violencia institucional: denuncia de abusos y apremios cometidos por fuerzas de seguridad o en lugares de detención.
• Defensas penales en la Ciudad y en toda la Provincia de Buenos Aires, incluida la defensa de víctimas de falsas denuncias.
• Delitos federales en todo el país: narcotráfico, contrabando, lavado de activos, trata de personas, evasión fiscal y delitos tributarios, entre otros. Ver todos →
• Urgencias penales y de violencia: detenciones, allanamientos, citaciones y medidas de protección.
• Ejecución de la pena: libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias y prisión domiciliaria.
• Revisión de sentencias: análisis integral de la condena, aun firme, y recurso de revisión cuando aparecen hechos o pruebas nuevas, cuando la condena se basó en prueba falsa o cuando una ley posterior más benigna la modifica.
• Delitos contra la familia: incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, insolvencia alimentaria fraudulenta e impedimento de contacto.
• Violencia de género y familiar, y lesiones.
• Estafas y defraudaciones: estafas virtuales, por redes sociales y por billeteras virtuales, fraudes bancarios, cuentos del tío, defraudaciones en negocios y en operaciones inmobiliarias. Denunciamos, pedimos el bloqueo de cuentas y el recupero del dinero, y defendemos a quien es acusado.
• Robos, hurtos y daños: querella para la víctima y defensa del imputado, desde la comisaría hasta el juicio oral.
• Usurpación de inmuebles, amenazas, lesiones y otros delitos contra las personas y la propiedad.
• Delitos económicos: administración fraudulenta, vaciamiento de sociedades y maniobras de ocultamiento de bienes.
• Recursos ante las Cámaras de Apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Urgencias penales

Urgencias por violencia

Derecho penal

Familia

Salud y vivienda

El padre o la madre de mis hijos dice que no tiene nada a su nombre, ¿puedo cobrar la cuota?

Sí, se puede reclamar y ejecutar igual. Se investiga el patrimonio real (bienes a nombre de terceros, sociedades, trabajo no registrado, billeteras virtuales), se piden embargos y medidas para asegurar el pago, se puede reclamar a los abuelos y, si hubo ocultamiento de bienes, se denuncia penalmente.

Soy empleador y recibí un telegrama o una demanda laboral, ¿qué hago?

No responda sin asesoramiento: lo que se contesta en el primer telegrama condiciona todo el juicio. Reúna recibos, contratos, registros de asistencia y toda la documentación del vínculo laboral. Si llegó una citación al SECLO o una demanda, consulte el mismo día: los plazos corren.

Me estafaron o me robaron, ¿qué hago?

Haga la denuncia cuanto antes y guarde todo: comprobantes de transferencias, chats, perfiles, números de teléfono y datos de testigos. En las estafas virtuales cada hora cuenta para pedir el bloqueo de las cuentas que recibieron el dinero. Como querellantes, impulsamos la investigación y pedimos el recupero de lo perdido. Leer más

Me denunciaron falsamente y no puedo ver a mis hijos, ¿qué hago?

Cumpla las medidas aunque sean injustas y no tome contacto con quien hizo la denuncia. Guarde toda la prueba y consulte enseguida: en el fuero de familia se puede pedir un régimen de comunicación provisorio mientras la causa penal avanza, y en la causa penal trabajamos para demostrar la falsedad y lograr el sobreseimiento.

Me denunciaron por violencia familiar, ¿qué hago?

No tome contacto con la persona que hizo la denuncia, ni siquiera para aclarar la situación: si hay una prohibición de acercamiento, incumplirla es un delito. Guarde mensajes y datos de testigos, y busque asistencia letrada antes de declarar. Asumimos su defensa penal y, en el fuero de familia, el pedido de revisión de las medidas.

Me denunciaron por amenazas o por estafa, ¿qué hago?

No declare sin asistencia letrada. La citación indica el juzgado o la fiscalía y el número de causa: con esos datos vemos el expediente antes de la audiencia y preparamos la defensa.

Detuvieron a un familiar, ¿qué hago?

Pregunte en la comisaría a disposición de qué juez o fiscal está y llámenos. La persona detenida tiene derecho a entrevistarse con su defensa antes de declarar.

No me paga la cuota alimentaria, ¿qué puedo hacer?

Si hay una cuota fijada, se ejecuta: embargo de sueldo, de cuentas y de bienes, e inscripción en el registro de deudores alimentarios. Si todavía no hay cuota, se pide una provisoria. Y si oculta sus bienes para eludir el pago, puede configurarse además un delito.

¿Cuánto es la cuota alimentaria por hijo?

No hay un monto ni un porcentaje fijado por ley. El juez la fija según las necesidades del hijo y los ingresos de cada progenitor/a, y cuenta como aporte el cuidado diario. Muchos jueces toman como referencia la canasta de crianza que publica el INDEC.

¿La cuota alimentaria se paga hasta los 18 o hasta los 21 años?

Hasta los 21, salvo que el hijo mayor de edad tenga recursos propios suficientes. Se extiende hasta los 25 si estudia o se capacita y eso le impide mantenerse. Si el hijo tiene una discapacidad, la obligación debe continuar.

No me deja ver a mi hijo, ¿qué puedo hacer?

Pedir en el fuero de familia un régimen de comunicación, o que se cumpla el que ya existe. Impedir el contacto de un hijo con el/la progenitor/a no conviviente es además un delito (ley 24.270).

Me hicieron una denuncia falsa, ¿qué hago?

Defenderse en la causa hasta el sobreseimiento. Probada la falsedad, puede promover la acción por falsa denuncia y demandar por acusación calumniosa, con el reclamo de todos los daños sufridos.

¿Cuánto cobra un abogado penalista o de familia?

Depende del caso y de la etapa en que esté. Los honorarios se acuerdan antes de empezar y pueden pagarse en cuotas. La primera consulta puede ser virtual o presencial, en nuestra oficina de Tribunales o en Puerto Madero, y su honorario varía según la modalidad y el lugar; se informa al pedir el turno.

¿Atienden fuera de la Ciudad de Buenos Aires?

Sí. Atendemos en la Ciudad y en toda la Provincia de Buenos Aires: la Dra. Lupetti tiene matrícula en el Colegio de Abogados de Morón y la Dra. Fiorito, en el de Lomas de Zamora. La Dra. Fiorito también tiene matrícula en Córdoba y en Río Negro, y en causas federales actuamos en todo el país.

¿Qué tengo que llevar a la primera consulta?

Todo lo que tenga del caso: sentencia o convenio, denuncias, cédulas y citaciones, mensajes y comprobantes. Si recibió una cédula o una citación, consulte el mismo día: los plazos corren.

• Desde cualquier lugar del país o del exterior.
• Sin traslados: ideal para una primera orientación o una urgencia.
• La documentación se envía antes, por correo o por WhatsApp.

• Tucumán 1427, piso 3, oficina 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• A metros de Tribunales.
• Con cita previa.

• Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Un ámbito reservado para reuniones extensas o con familiares.
• Con cita previa.

• Los únicos teléfonos del estudio son 11 5151-2033 y 11 3664-3339, y los únicos correos son estudiolupetti@gmail.com y estudioffiorito@gmail.com.
• Nunca pedimos dinero por llamadas o mensajes desde otros números, ni transferencias a cuentas de terceros.
• Los honorarios se abonan solo en cuentas a nombre de quienes dirigen el estudio, y siempre con recibo o factura.
• Nunca pedimos códigos de WhatsApp, claves bancarias ni tokens.
• Ante cualquier duda, corte y comuníquese usted a nuestros números oficiales.